La ilusión democrática en el Perú
Por Juan Diego Guerra Valdivia
La historia nos ha impuesto una especie de pudor de debatir ciertos temas: ¿El poder emana del pueblo? ¿Las urnas son realmente su voz? ¿Los gobernantes son verdaderos ejecutores de las decisiones y aspiraciones del pueblo? ¿O la «voluntad general» es una excusa de los dirigentes para imponer su propio deseo? ¿Qué sentido moral tiene votar? Estas y otras preguntas merecen un debate serio, y para estimularlo, nuestro colaborador Juan Diego Guerra aporta algunas reflexiones
«El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general
de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende […]»
José de San Martín — Proclamación de la Independencia del Perú, Huaura, 28 de julio de 1821.
Ante las elecciones presidenciales en el Perú, resulta necesario, como mínimo, detenernos a reflexionar sobre la situación política de nuestra patria: Qué esperan los ciudadanos de a pie y qué podemos realmente esperar de estas elecciones. Sin embargo, para ello es preciso comprender el contexto histórico-filosófico que nos ha conducido a este estado de caos institucionalizado.
El proceso de independencia resultó, para el Perú, en una transición traumática del sistema monárquico a la república. Esta tragedia no se limitó a la destrucción del tejido político y social ni a una derrota militar por agotamiento. Fue, en realidad, la manifestación visible de un proceso mucho más antiguo: una lenta transformación —gestada durante siglos— que ya había penetrado en el espíritu de Occidente. A este fenómeno, casi siglo y medio después, Plinio Corrêa de Oliveira lo denominaría «Revolución tendencial».
Con la expulsión de los jesuitas en 1767, los Borbones ya no tenían obstáculos que les impidieran replicar el absolutismo de sus primos franceses. Y al deshacerse de una institución religiosa cuyo cuarto voto era la obediencia al papado, ese vacío se vio acompañado por la difusión de las ideas de la Ilustración y de los llamados «espíritus fuertes», que provocaron un deterioro moral en sus súbditos, preparando así los movimientos de insurrección que terminarían por destruir el imperio en el que nunca se ponía el sol.
Este evento alcanzó su punto simbólico para el ya agonizante virreinato peruano con la proclama de la independencia a manos de José de San Martín, quien en su acción simbólica invocó a la Voluntad General, un término que ha pasado absolutamente desapercibido por nuestra historia y que ayuda a explicar la estructura filosófica del caos contemporáneo de nuestra ya bicentenaria república.
¿ES LA «VOLUNTAD GENERAL» AUTÉNTICA VOLUNTAD?
«Es un error que la voluntad del pueblo constituya la ley suprema, independiente de todo derecho divino y humano».
Pío IX — Syllabus Errorum, 1864.
«Ya sé cuanto pasa en lo más recóndito de vuestras casas.
Temblad, si abusáis de mi indulgencia.
Sea esta la última vez que os recuerde que vuestro destino
es irrevocable y que debéis someteros a él».
José de San Martín — Bando, Gaceta del Perú Independiente, Lima, 4 de agosto de 1821.
La voluntad general en Rousseau se presenta como la base de toda legitimidad política. No es simplemente lo que quiere la mayoría en un momento, sino lo que todos deberían querer si pensaran en el bien de toda la sociedad y no solo en sus intereses personales. La idea suena razonable, pero tiene un problema importante: Puesto que esa «voluntad general» es algo ideal y no algo que se pueda ver o medir directamente, siempre queda la duda de quién decide qué es realmente ese bien común.
Ahí es donde aparece el riesgo. En la práctica, quien habla en nombre de esa voluntad general y la utiliza para justificar decisiones sin admitir oposición termina avalando la imposición de una dictadura del pensamiento. De este modo, obedecer la ley deja de ser una decisión compartida y pasa a ser una obligación impuesta, incluso contra la voluntad de las personas, en nombre de algo que se presenta como superior e incuestionable.
Por eso surge una contradicción clave: la idea de que se puede «obligar a alguien a ser libre». Si una persona no está de acuerdo con esa supuesta voluntad general, imponerla significa sustituir su criterio por el de otros. En ese punto, lo que se presenta como un sistema de libertad puede convertirse en una forma de autoritarismo, donde cualquier desacuerdo se descarta con el argumento de que va contra el «bien común».
Así, ante el sentido revelado de las palabras —a menudo olvidadas— de José de San Martín, los peruanos podemos comprender por qué las naciones vecinas vieron fundamental aplicar esa «voluntad general» sobre el Perú, que se erigía como el centro del poder monárquico suramericano. No obstante, la pregunta que nos interesa es: ¿tiene este episodio histórico alguna repercusión en la democracia tal como la vivimos hoy?
EL PROBLEMA NO RESUELTO DE LA REPÚBLICA PERUANA
«No existe Constitución hecha por el hombre; toda Constitución legítima es obra de Dios».
Joseph de Maistre — Ensayo sobre el principio generador de las constituciones políticas, 1814.
Si estas palabras se toman en serio, el panorama cambia por completo. No hubo únicamente un acto de liberación, sino la imposición de un nuevo principio de autoridad: uno en el que el poder deja de apoyarse en un orden claro y pasa a depender de una idea abstracta que alguien siempre termina interpretando. Y ese problema no quedó en el siglo XIX; se arrastra, sin resolverse, hasta hoy.
La república peruana nunca definió con claridad el origen de su legitimidad. Desde el inicio quedó atrapada entre la voluntad concreta de los ciudadanos y esa «voluntad general» situada por encima de ellos. Cuando ambas entran en conflicto —lo que ocurre de forma recurrente—, no prevalece la voz directa de las personas, sino la interpretación que se impone en su nombre. La inestabilidad política no es, por tanto, accidental, sino la consecuencia de esta ambigüedad de fondo.
Las elecciones reproducen esa misma lógica. Se presentan como la expresión máxima de la soberanía popular, pero en realidad dejan abierto el problema central: Quién define qué quiso decir el pueblo. En ese vacío, el término «pueblo» se convierte en una herramienta política antes que en una realidad concreta. Sirve para legitimar decisiones, excluir adversarios y cerrar el debate. Quien logra apropiárselo no representa al pueblo: lo sustituye.
Se gobierna en nombre de los ciudadanos, pero sin que estos se reconozcan en lo que se decide. Mientras la legitimidad siga apoyándose en una noción tan maleable como la «voluntad general», el resultado no cambiará: Gobiernos que afirman encarnar al pueblo y una sociedad cada vez más distante de ellos. En ese punto, la brecha entre representación y realidad deja de ser un error del sistema y pasa a ser su rasgo más constante.
LA FICCIÓN DEL PUEBLO Y LA REALIDAD DE LA MASA
«Las masas nunca han tenido sed de verdad. Apartan con desdén las evidencias que no les agradan».
Gustave Le Bon — Psicología de las multitudes, 1895.
Cabe entonces plantear una pregunta incómoda: ¿sigue siendo el pueblo realmente pueblo? La distinción ya no es evidente. Como advertía Pío XII, el pueblo es una realidad orgánica, viva, formada por personas conscientes de sus responsabilidades y convicciones; la masa, en cambio, carece de vida propia, no delibera ni decide, sino que reacciona ante impulsos externos. Cuando esa conciencia se debilita, la frontera entre ambos se diluye.
En la práctica política actual, esa confusión no es accidental. La mención constante al «pueblo» suele encubrir una realidad distinta: una masa fácilmente movilizable, más receptiva a consignas que a argumentos racionales. En ese contexto, la «voluntad general» deja de ser una referencia al bien común y pasa a ser un recurso de legitimación. Quien logra dirigir esa masa no solo acumula poder, sino que se arroga el derecho de hablar en nombre de todos, sustituyendo la representación por la imposición.
El efecto es claro: el Estado deja de expresar la vitalidad de una comunidad consciente y comienza a apoyarse en la inercia de una colectividad dirigida. Así, lo que se presenta como soberanía popular puede convertirse, en los hechos, en conducción encubierta. Y cuando esto ocurre, la política abandona su carácter de responsabilidad compartida para reducirse a una técnica de control.
ANTE LAS URNAS: ENTRE LA DECISIÓN Y LA ILUSIÓN
Acudiremos nuevamente a las urnas. Como siempre, se hablará de soberanía, de decisión popular, de un momento clave para el país, hasta de fiesta democrática... Pero esa imagen resulta engañosa.
El voto existe, sí. El problema viene después. Porque el resultado nunca habla por sí solo: alguien lo interpreta, alguien le da sentido, alguien decide qué quiso decir el «pueblo». Y ahí es donde vuelve a aparecer lo mismo de siempre. No decide directamente la gente, sino quien logra imponerse como su voz. Ese vacío interpretativo abre espacio a formas de mediación política que sustituyen la representación por la administración de expectativas.
En ese terreno aparece el populismo, tanto de derechas como de izquierdas o simplemente sin ideas. Cambian las formas, pero no la lógica: invocar al pueblo y hablar en su nombre. El populismo, en cualquiera de sus variantes, tiende a traducirse en mecanismos asistencialistas que refuerzan la dependencia política como forma de legitimación. En ese marco, el populismo de derecha no corrige ese problema; lo reproduce, aunque con otros símbolos y narrativas. Y al hacerlo, recorre el mismo camino que dice enfrentar. Porque cuando la política se reduce a interpretar una supuesta voluntad popular, el poder se concentra y esa voluntad se redefine a conveniencia. El resultado es uno solo: al asumir la lógica populista, incluso la derecha termina desplazando el eje del debate hacia categorías propias de la izquierda, empobreciendo la discusión política en su conjunto.
A este panorama se suma un elemento que ya no puede ser soslayado: la calidad concreta de las opciones en contienda. El problema no es solo estructural o teórico; es también encarnado. La escena electoral aparece atravesada por candidaturas cuya trayectoria, declaraciones o prácticas suscitan serias objeciones en el plano moral y político. Desde posturas públicamente asumidas en materias sensibles que comprometen principios fundamentales, hasta vínculos persistentes con formas de ejercicio del poder marcadas por el clientelismo o la ambigüedad ideológica, el conjunto proyecta una imagen que difícilmente puede sostener, sin reservas, la pretensión de representar un orden legítimo.
En este contexto, la desesperanza no es una reacción emocional pasajera, sino la consecuencia lógica de una oferta que parece moverse dentro de márgenes estrechos y, en no pocos casos, degradados. Sin embargo, es precisamente en ese escenario donde la decisión adquiere mayor gravedad. Porque cuando las alternativas no son equivalentes en términos morales, la neutralidad deja de ser una opción intelectualmente honesta.
LA RESPONSABILIDAD MORALDEL VOTO
Para quien se reconoce en la tradición católica, el acto de votar no se agota en la mecánica electoral ni puede diluirse en el relativismo de las preferencias. Incluso en condiciones imperfectas —y quizá sobre todo en ellas—, el voto se convierte en un acto de responsabilidad moral. No se elige simplemente entre opciones, sino que se ejerce un juicio prudencial orientado a limitar el mal posible y a preservar, en la medida de lo alcanzable, los fundamentos del orden moral. Renunciar a ese discernimiento, o refugiarse en la indiferencia, no es neutralidad: es abdicar de una responsabilidad que también es parte de la vida pública.
Así, más que una elección entre programas, lo que se plantea es una toma de posición frente al sentido mismo de la vida política. No se trata de alcanzar una solución definitiva —que no está al alcance de las urnas—, sino de trazar un límite. Y en ese límite se juega algo más profundo que un resultado electoral: se juega la fidelidad a los principios.
Pidamos a San José, patrono del Perú, por intermedio de su Santísima esposa, que inspire nuestro voto.
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